CAPÍTULOS
CAPÍTULO    03
 
CON ARCOS Y FLECHAS
INDÍGENAS
FRENAN LA MINERÍA A GRAN ESCALA
 
POR EDGAR LÓPEZ
ARTÍCULO 03 DE 05
Corporación Faoz y Supracal, las dos empresas venezolanas autorizadas para explotar el Arco Minero del Orinoco no tienen experiencia acreditada para garantizar la sostenibilidad económica y ecológica de los proyectos promovidos por el gobierno venezolano. Las 16 etnias afectadas temen que el fomento del extractivismo obstaculice su lucha por la propiedad de las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales. Por lo pronto, un grupo de aguerridos pemones logró paralizar la construcción de una planta de cianuración
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orporación Faoz, C.A. es la primera empresa que firmó acuerdos con el gobierno venezolano para incursionar en el Arco Minero del Orinoco, el 5 de agosto de 2016. Es la primera que se incorporó al modelo de empresas mixtas, a través del cual el Estado conserva la mayoría accionaria de todos los nuevos emprendimientos. Es la única que ha instalado un campamento en la franja de 111.843 kilómetros cuadrados al sur del río Orinoco, específicamente en el sector Parguaza del municipio Cedeño del estado Bolívar. Y es la que tomó la delantera en la búsqueda del codiciado coltán.

Sin embargo, Corporación Faoz, C.A. es una empresa sin experiencia acreditada en la exploración y explotación del llamado oro azul, y formalmente fue constituida el 29 de julio de 2016, apenas 7 días antes de que el gobierno venezolano le diera luz verde para hacer negocios con el coltán, la casiterita, la ilmenita, el estaño, los circones, los diamantes y el oro que están en el subsuelo del Macizo Guayanés.

Aunque las reservas de minerales no han sido rigurosamente certificadas en términos de cantidad y calidad, el solo hecho de estén en una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta es un dato suficientemente atractivo en términos económicos. Pero también se trata de parte de la Amazonia, el llamado pulmón vegetal del mundo, así como el hábitat de pueblos y comunidades indígenas milenarios. De modo que la sustentabilidad ecológica y el respeto a la diversidad cultural son otras dos variables del acalorado debate que ha suscitado el Arco Minero del Orinoco, incluso más allá de Venezuela.

La legislación venezolana establece que toda actividad minera debe estar sustentada en un previo estudio de impacto ambiental y sociocultural, lo cual no se ha cumplido en ninguno de los proyectos  del Arco Minero del Orinoco. Por ello las ONG  Provea y Laboratorio de Paz, así como el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes colocaron al Estado venezolano en el banquillo. En la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se llevó a cabo el 2 de diciembre de 2016, en Panamá, el gobierno confesó su responsabilidad por omisión: “Está previsto realizar los estudios de impacto ambiental que exige la Constitución y la ley antes de iniciar las operaciones”, dijo Larry Davoe, el jefe de la delegación estatal venezolana. Sin embargo, una semana después, sin el estudio de impacto ambiental y sociocultural requerido por el ordenamiento jurídico vigente, los representantes del gobierno y de Corporación Faoz celebraron la instalación del campamento y el inicio de las operaciones de la empresa mixta Parguaza.

INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DEL ESTADO, LARRY DAVOE, EN LA AUDIENCIA SOBRE EL ARCO MINERO DEL ORINOCO, CELEBRADA POR LA CIDH EL 2 DE DICIEMBRE DE 2016
Transcurridos nueve meses sin que trascendieran a la opinión pública las actividades desarrolladas por la empresa mixta Parguaza, el 9 de septiembre de 2017 el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, anunció que dicho consorcio “cuenta con una tonelada de coltán almacenada para la exportación”.

La reseña oficial del anuncio indica que Cano participó en “el arranque” de una planta de explotación de coltán instalada en el municipio Cedeño del estado Bolívar, en cuya construcción se invirtieron 8 millones de euros. No se ofrecieron mayores detalles, ni siquiera sobre el tipo de divisas (que sugiere un financiamiento proveniente de Europa). El ministro prevé que dicha planta podrá producir 20 toneladas de coltán mensualmente, aunque no precisó el plazo para que opere al máximo de su capacidad.

El gobierno reiteró que éste y todos los desarrollos que ha promovido en el Arco Minero del Orinoco cuentan con la aprobación de las etnias que habitan en ese territorio. “Los pueblos indígenas han sido incorporados en el Arco Minero bajo consulta previa. Desde Parguaza podemos decir que para iniciar este proyecto, transcurrió más de casi un año de consulta, debates y mesas de trabajo con los pueblos indígenas”, indicó la ministra de Pueblos y Comunidades Indígenas, Yamilet Mirabal.

Corporación Faoz, C.A, está representada por Luisa Herminia Alcalá Otero. El 5 de agosto de 2016, fue ella la que suscribió el convenio con el ahora ex ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal, a efectos de la creación de la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza, S.A.

Alcalá Otero es una ingeniera geóloga de 67 años de edad, que fue funcionaria de Pdvsa Petróleo y Gas, S.A. hasta el 1 de noviembre de 2013. Se inscribió en el Registro Nacional de Contratistas, como persona natural, el 14 de octubre de 2015. Pero esa inscripción venció el 30 de junio de 2016, por lo cual está inhabilitada para contratar con el Estado. No obstante, fue designada como una de los 13 directores de la empresa mixta Parguaza, entre los cuales también están cuatro de sus familiares. Actualmente, Alcalá es la gerente general de la empresa. En la directiva de Parguaza también fue incluida Meira del Carmen Guerrero Aguiar, para entonces jefe del despacho de la ministra de Pueblos y Comunidades Indígenas, Aloha Núñez.

En el acta constitutiva de la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza, S.A. se indica que Corporación Faoz es la “nueva denominación” de la empresa Construcciones Faría, C.A., creada en 1992. Sin embargo, Construcciones Faría era una empresa dedicada a la construcción de obras civiles, ninguna de ellas relacionadas con la minería. En términos del Código de Comercio Venezolano, Corporación Faoz es una sociedad mercantil nueva.

La empresa autorizada para explotar coltán y cualquier otro mineral que encuentre en  la  extensión de 10.201 hectáreas que le fue asignada no está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, a pesar de que es un requisito para hacer negocios con el Estado venezolano.

Sobre la experiencia minera de Corporación Faoz solo se sabe que habría desarrollado actividades de exploración de yacimientos de fosfato, en el estado Táchira, entre 2013 y 2014, como lo afirmó el moderador del acto oficial a través del cual la empresa obtuvo su primer pase al Arco Minero del Orinoco; acto que estuvo encabezado por el presidente de la República Nicolás Maduro.

El gobierno venezolano no ha dado la más mínima explicación sobre los criterios para seleccionar las empresas nacionales o extranjeras interesadas en el Arco Minero del Orinoco. Inicialmente el presidente Maduro anunció, sin mayores detalles, que serían 150 empresas en total. En agosto de 2016, cuando Roberto Mirabal estaba al frente del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, se suscribieron cartas de compromiso y memorandos de entendimiento con 13 empresas, de las cuales 5 son venezolanas y 8 extranjeras.

De de enero a agosto de 2017, durante la gestión del ministro Jorge Arreaza, se anunciaron, con menos precisión, acercamientos del gobierno de Venezuela con el gobierno de Suráfrica para la creación de empresas mixtas, así como como memorandos de entendimiento para actividades de exploración con las empresas Sakan, C.A. y Comercializadora Orinoco River, ambas con asiento en Venezuela pero dirigidas por empresarios palestinos. Y el 20 de julio de 2017, se suscribió un memorando de entendimiento con la empresa de Angola Endiama, a efectos de la creación de una empresa mixta para la explotación de diamantes en la localidad Guaniamo, en el municipio Cedeño.

Sin embargo, solo se ha formalizado la creación, asignación de áreas y autorización para iniciar operaciones de cuatro empresas mixtas: Parguaza, Oro Azul y Metales del Sur, en el municipio Cedeño; y Siembra Minera, en el municipio Sifontes.
REPARTO DE UN TERRITORIO AJENO
Empresas con territorio asignado
Empresas sin territorio asignado  
16 ETNIAS AFECTADAS
Además de los mapoyos otros 15 pueblos indígenas habitan en el Arco Minero del Orinoco: Piaroa, Pemón, Eñepá, Jivi, Curripaco, Baniva, Pumé, Piapoco, Baré, Kariña, Yekuana, Sanemá, Warao, Akawayo y Arawaco.
EL REFERÉNDUM REVOCATORIO PIAROA
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n el sector Aguamena, a orilla de la carretera Troncal 12 que comunica Ciudad Bolívar con Puerto Ayacucho, está el campamento de la empresa mixta Parguaza: 4 trailers que funcionan como oficinas y dormitorios, y dos más pequeños que sirven como cocina y almacén. La seguridad se limita a un par de soldados de la Guardia Nacional Bolivariana apostados a la entrada, junto a un vigilante que se comunica por radio. Los tres se guarecen bajo la sombra de un arbusto al mediodía del 5 de abril de 2017. Es una base de operaciones, ubicada en una explanada de aproximadamente 5 hectáreas. Las actividades de exploración de coltán se estarían realizando en zonas de acceso aún más restringido.
WILLIAM URDANETA
LA BASE DE OPERACIONES ESTÁ EN EL SECTOR AGUAMENA DEL MUNICIPIO CEDEÑO
La entrada al campamento está prohibida para personas ajenas. Sin embargo, algunos líderes de la comunidad piaroa Tierra Blanca, ubicada a aproximadamente diez kilómetros de distancia, tienen las puertas abiertas. De hecho, solo sería posible acercarse y tratar de indagar sobre lo que allí sucede en compañía de Josué Mendoza, delegado del cacique general de la etnia piaroa, Enrique Gordons.

Mendoza se esfuerza en asegurar que los planes del gobierno para explotar el Arco Minero del Orinoco cuentan con el respaldo de todas las 16 etnias, agrupadas en 198 comunidades, que habitan en ese territorio:  Piaroa, Mapoyo, Pemón, Eñepá, Jivi, Curripaco, Baniva, Pumé, Piapoco, Baré, Kariña, Yekuana, Sanemá, Warao, Akawayo y Arawaco.

Se erige en vocero de 30 comunidades que suman aproximadamente 3.000 piaroas: “El gobierno nacional tiene un gran proyecto, que corresponde con el Plan de la Patria. Sus promotores han venido articulando con los pueblos indígenas para cumplir con lo establecido en la ley y en la Constitución sobre la consulta previa, libre e informada”.
WILLIAM URDANETA
JOSUÉ MENDOZA, DELEGADO DEL CACIQUE GENERAL DE LA ETNIA PIAROA ENRIQUE GORDONS
Dice que es docente: “Tengo un cargo fijo y estoy en la nómina del Ministerio de Educación”. Sin embargo no le reprocha al órgano rector de la enseñanza en Venezuela que en su comunidad no dispongan de pupitres y un pizarrón en el espacio techado con palmas que usan como aula.

Asegura que se reúne semanalmente con los representantes de la empresa Parguaza: “Ellos vienen a poner orden. Los mineros ilegales, entre ellos algunos hermanos de otros pueblos indígenas, como los curripacos, están sacando coltán como les da la gana en la zona de Los Gallitos. Todo el coltán se va para Colombia y no nos queda ningún beneficio. Ahora vamos a aplicar el mecanismo de punto y círculo: los puntos serán cada uno de los desarrollos mineros y los círculos las comunidades aledañas que se van a beneficiar, por ejemplo con el fortalecimiento de las misiones sociales. Aquí carecemos de muchas cosas, como red de electrificación, ambulatorio, escuela, vialidad…”.

De las cuatro empresas mixtas creadas y autorizadas para instalarse en el Arco Minero del Orinoco, solo se conoce del inicio de operaciones de exploración en el caso de Parguaza. A pesar de que el ministro Cano aseguró que ya se tienen una tonelada de coltán, se han alargado los plazos previstos por el gobierno para obtener recursos adicionales a los procedentes de la venta de petróleo.

Al crear la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, el 24 de febrero de 2016, el Ejecutivo fijó un lapso perentorio de seis meses para elaborar y comenzar a desarrollar un plan de desarrollo específico, que incluye, entre otros componentes, un sistema de ciudades, planes de manejo ambiental, rehabilitación de la vialidad, mejoramiento de la infraestructura de salud y fomento de la agricultura. Un año después del vencimiento de dicho lapso, los indígenas siguen esperando ayuda estatal.

La eventual reinversión social de la renta minera ofrecida por el presidente Maduro soslaya los aspectos técnicos y los plazos de la minería. La certificación es la fase final del llamado ciclo minero, que implica ingentes inversiones de recursos financieros, humanos y tecnológicos. Para compartir tales costos y obtener ganancias lo más rápidamente posible, el gobierno venezolano ha convocado a los capitales internacionales. Pero los inversionistas extranjeros requieren garantizar la rentabilidad de sus negocios. Y, además, exigen seguridad jurídica, que en la actualidad está mermada por la crisis institucional venezolana y, sobre todo, por la falta de independencia del sistema de administración de justicia, como lo han verificado Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea, entre otras instancias internacionales. Parece poco probable que el presidente Maduro, cuyo mandato vence en diciembre de 2018, obtenga del Arco Minero del Orinoco las divisas que necesita tan pronto como desea.

“Si en todo el país estamos mal por la crisis económica y el desabastecimiento de lo más esencial, como alimentos y medicinas, en Bolívar estamos peor por la amenaza que representa el Arco Minero del Orinoco”, resume Franklin Quiñones, líder de la comunidad piaroa Fundo Nuevo. Y se apresura a desmentir que todos los indígenas estén de acuerdo con el fomento de la minería en la región.
FRANKLIN QUIÑONES, DIRIGENTE PIAROA, PROMUEVE EL RELEVO DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SU ETNIA
Tiene 27 años de edad, obtuvo un título de Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Bolivariana de Venezuela y encarna el descontento por la genuflexión de los máximos líderes de su etnia. “Estamos promoviendo el relevo del cacique Enrique Gordons. Él traicionó a su pueblo, el gobierno lo compró. A Gordons no le importa que la minería debilite nuestra lucha por las tierras, traiga más inseguridad a la zona y contamine nuestras aguas”, denuncia.

Quiñones junto con otros 16 líderes piaroas recaba firmas para defenestrar y relevar al cacique Gordons, en una especie de referéndum revocatorio de mandato, como el que la oposición venezolana intentó fallidamente contra el presidente Maduro.

"Tierra libre y agua libre. Eso es lo que quiere el pueblo piaroa, conservar el medio ambiente. Nosotros no somos mineros, somos agricultores. El Arco Minero del Orinoco significa el exterminio de la cultura piaroa. Si crece la invasión del criollo, con sus empresas y sus maquinarias, se dañaría lo que el pueblo piaroa ha conservado milenariamente: la selva. Los ríos y manantiales se contaminarían. De esa agua nosotros bebemos, allí nos bañamos", insiste el irreverente líder piaroa.
INCERTIDUMBRE EN EL PALOMO
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l gobierno venezolano ha favorecido más a las empresas privadas involucradas en el Arco Minero del Orinoco que a las 16 etnias que reclaman la propiedad de esas tierras. Mientras los indígenas esperan por la reivindicación de sus derechos desde 1999, cuando fue promulgada la Constitución vigente, en menos de un año se crearon y se autorizaron las operaciones de cuatro empresas mixtas para explorar y explotar minerales, precisamente en los territorios en reclamación.

Una de las afectadas es la comunidad El Palomo del pueblo Mapoyo. El 23 de enero de 2017, la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Oro Azul, S.A. obtuvo licencia para explorar y explotar coltán en 8.158 hectáreas, que forman parte del total de 261.493 hectáreas que el Estado había reconocido como propiedad de los mapoyos cuatro años antes. Ninguna otra comunidad indígena del estado Bolívar había logrado tanto en la lucha por sus tierras; y ahora, con la instalación de una empresa de minería a gran escala en su hábitat, temen que se debilite la reivindicación obtenida.

En 2014 la Unesco confirió al pueblo Mapoyo la categoría de Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad y lo incluyó en la Lista de Salvaguarda Urgente. Entre los referentes simbólicos de la etnia que a criterio del organismo internacional amerita protección especial destaca la propiedad sobre sus tierras.

La empresa mixta Oro Azul, al igual que la empresa mixta Parguaza, está autorizada para explorar y explotar minas y yacimientos de coltán, casiterita, ilmenita, estaño, circones, diamantes y oro, al menos durante los próximos 20 años. Está integrada por la empresa estatal Corporación Venezolana de Minería y la empresa privada Supracal, C.A.

En Oro Azul se repite la inexperiencia de la parte privada de las empresas mixtas creadas para explorar y explotar el Arco Minero del Orinoco, como se verificó en el caso de Corporación Faoz. Supracal no tiene experiencia alguna en la exploración y explotación de ninguno de estos minerales.

En su sitio web, Supracal C.A. indica que tiene 40 años de experiencia en la fabricación y distribución de cal. Aseguran que se fundó en 1977 como una pequeña fábrica que producía 500 sacos de cal al día, y que actualmente cuenta con una capacidad instalada para producir 4.000 toneladas mensuales de cal viva y 2.000 toneladas de cal hidratada.

La empresa dice ser propietaria de una cantera de piedras caliza y dolomita, ubicada a 700 metros de la fábrica donde laboran aproximadamente 75 trabajadores, en la localidad Yaritagua del estado Yaracuy.

En el Registro Nacional de Contratistas, Supracal aparece presidida por Ligia Guédez. Las acciones de la compañía, fundada el 8 de septiembre de 1977, se dividen a partes iguales entre dos empresas: Financiadora Raj C.A. e Inversora Yaci, C.A. Tiene su sede en Barquisimeto y un capital social de 2.400.000 bolívares. Solo puede hacer contrataciones con el Estado hasta por 5.000 unidades tributarias, es decir 1.500.000 bolívares, monto que no alcanza ni para costear el diseño del campamento que pretenden instalar en el sector Villacoa del municipio Cedeño, con características de búnker: 12 trailers de 12 metros que podrían servir como oficinas y dormitorios, dos garitas de seguridad blindada, un sistema de postes con luminarias al cual se adosa un mecanismo de detección de intrusos, cámaras de circuito cerrado de televisión y, por si fuera poco, el sobrevuelo de un dron.
DIAGRAMA DEL CAMPAMENTO DE LA EMPRESA MIXTA ORO AZUL EN EL MUNICIPIO CEDEÑO DEL ESTADO BOLÍVAR
En castellano, pues ni siquiera él habla su lengua originaria, el cacique mayor del pueblo Mapoyo, Simón Bastidas, se refiere con recelo al proyecto de minería a gran escala que se instalaría en sus tierras. Tiene 77 años de edad, pero carga sacos que pesan 40 kilos con extraordinaria agilidad. Con el torso desnudo se le encuentra en su casa, una de las primeras a la entrada de la comunidad El Palomo, ubicada a aproximadamente 200 metros de la carretera Troncal 12. Allí viven 663 indígenas.

“Ellos (los representantes de la empresa Oro Azul) vinieron a pedirme permiso para entrar. Quieren explotar el coltán, pero me han dicho que todavía no han encontrado nada. Quieren instalar un campamento en el sector Villacoa y nos aseguraron que nos iban a construir un liceo por allá. Pero todavía nada, ni siquiera han instalado el campamento. Nosotros tenemos la esperanza de que, en verdad, nos ayuden. Aquí las vías de penetración están malísimas, tenemos muchos lugares sin luz…”, dice el cacique y muestra una ambulancia sin cauchos que hace algunos años les donó la empresa estatal de explotación de bauxita, Bauxilum, ubicada a 15 kilómetros de El Palomo.

“Nosotros lo que queremos es trabajar la agricultura, porque el pueblo Mapoyo nunca ha sido minero ni le interesa la minería. Los indígenas que han ido a las minas lo que traen es paludismo. Además, ya nosotros tenemos muy malas experiencias con estas empresas que vienen y nos perjudican. Así sucedió con Bauxilum, que entró a la brava y se instaló en nuestro territorio. Contaminaron nuestras aguas y enfermaron a nuestra gente. Nosotros tenemos 18 lagunas de cría de pescado y un balneario en el río. Todo eso lo tenemos que cuidar”, enfatiza Bastidas.

La defensa de su territorio es la prioridad para el líder indígena: “Yo no había nacido cuando empezó la lucha del pueblo Mapoyo para que se respeten nuestras tierras. Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo… Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos no van a permitir que nos las quiten o nos las contaminen”.
LOS PEMONES DICEN “NO” AL CIANURO
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raimatepuy es la comunidad indígena más cercana a Las Claritas y al yacimiento Las Brisas-Las Cristinas, donde se pretende desarrollar el proyecto más grande del Arco Minero del Orinoco. En el kilómetro 74 de la carretera troncal 10, que va hacia los pueblos del sureste de Bolívar, está la entrada de este asentamiento de la etnia Pemón.

Los indígenas de la zona han incursionado en el negocio del oro y controlan minas ubicadas en los sectores Apanao y San Antonio de Roscio, como lo confirma Corina Bascón. Resulta difícil imaginar que esta mujer pemón de 48 años de edad, sea una pequeña empresaria de la minería. Luego de impartir clases de inglés en el liceo de Araimatepuy admite que su principal fuente de ingreso no es el sueldo que percibe como docente: “Yo comencé en las minas a los 20 años como cocinera y ahora soy una de los 200 miembros de la cooperativa minera Apanao, que se constituyó hace 12 años. Allí estamos organizados. Solo trabajamos indígenas, no se permite el acceso de los criollos. Yo tengo dos bombas hidráulicas. Conmigo trabajan cuatro obreros y una cocinera. En un mes podemos sacar entre 30 y 40 gramas (gramos). Le damos 15% a la cooperativa y el resto se distribuye entre yo, que soy la dueña, los obreros y la cocinera. El mercurio que utilizamos lo compramos en Las Claritas, a 90.000 bolívares por cada 100 gramos”.
WILLIAM URDANETA
CORINA BASCÓN, MIEMBRO DE LA COOPERATIVA MINERA APANAO, QUE ES CONTROLADA POR LOS PEMONES
Sin embargo, las autoridades de las comunidades pemón asentadas en la parroquia San Isidro del municipio Sifontes se oponen a que otros  se aprovechen de las riquezas minerales. Asumen su resistencia con actitud épica. La paralización de una planta de cianuración que el gobierno había impulsado como alternativa al uso del mercurio es, para ellos, una importante batalla ganada.

Dentro del territorio de la comunidad Araimatepuy, la empresa Inversora Sarrapia, Técnicas y Procesos, C.A. comenzó a erigir la planta el 7 de noviembre de 2016. Apenas un día antes representantes gubernamentales intentaron obtener el consentimiento popular de la construcción.

“Fuimos a pedir explicaciones. Exigimos hablar con el jefe y les advertimos a los obreros que estaban allí que no podían hacer nada en nuestro territorio sin la aprobación de las autoridades legítimas de la comunidad. Como no nos hicieron caso, al día siguiente regresamos con el apoyo de las ocho comunidades indígenas de San Isidro. Llevamos nuestros arcos y nuestras flechas, les demostramos que estábamos unidos y que teníamos fuerza. Entonces, sí paralizaron la obra”, asevera el capitán de Araimatepuy Pasiano Elliman.

Los líderes indígenas formalizaron el reclamo ante el gobierno y el 11 de noviembre se llevó a cabo una segunda asamblea, esta vez en Araimatepuy, con presencia de funcionarios gubernamentales.

Después de un par de horas de debate, la representante del Ministerio de Pueblos y Comunidades Indígenas Meira Guerrero sentenció: “Si los pemones, que son los dueños de estas tierras, no quieren esa planta de cianuración, esa planta de cianuración no se construirá”. Sin embargo, Guerrero es una de las promotoras de la minería a gran escala en Bolívar y, de hecho, figura como directora principal en el acta constitutiva de la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza, S.A.
WILLIAM URDANETA
DENTRO DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD PEMÓN ARAIMATEPUY, EL GOBIERNO VENEZOLANO PRETENDÍA CONSTRUIR LA PLANTA DE CIANURACIÓN SARRAPIA
El capitán Elliman explica el sentido de la acción de resistencia de los pemones: “¿Cómo es posible que el gobierno haga la ley y el mismo gobierno la viole? La ley dice que cualquier cosa que se vaya a hacer en territorios indígenas tiene que ser previamente consultada con las autoridades legítimas. Y el Ministerio de Pueblos Indígenas sabía que el lugar donde se iba a construir la planta de cianuración forma parte del territorio de Araimatepuy”. El líder indígena se refería al derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas sobre el aprovechamiento de recursos que se encuentren en sus hábitats, tal como está establecido en el artículo 120 de la Constitución de Venezuela.

El cacique toma distancia de la minería a gran escala, independientemente de que provenga del sector privado o del sector público: “No aceptamos ni aceptaremos ninguna empresa, así sea del Estado, hasta que no sea cumplida la promesa de concedernos los títulos de propiedad de nuestras tierras. Nosotros ni siquiera sabemos qué es una planta de cianuración. Los representantes de la empresa Sarrapia vinieron y lo explicaron, pero a nosotros no nos interesa. Nuestra prioridad es la lucha por las tierras. Toda esta área, incluyendo la zona de Las Brisas y Las Cristinas, nos pertenece. Y a nosotros tampoco nos han informado del proyecto que el gobierno quiere desarrollar allí. Nosotros vamos a seguir protestando con el respaldo de la Federación Indígena del Estado Bolívar”, que es una instancia representativa de todas las etnias de la zona y asume el derecho a la tierra como una reivindicación prioritaria.
PASIANO ELLIMAN, CACIQUE DE LA COMUNIDAD ARAIMATEPUY, ADVIERTE QUE NO HARÁN NEGOCIACIONES CON EMPRESAS MINERAS HASTA QUE SE LES CONCEDA LA TITULARIDAD DE LAS TIERRAS QUE RECLAMAN
Elliman denuncia que desde que se decretó el Arco Minero del Orinoco han aumentado las invasiones en territorios indígenas: “Los mineros se meten en los cauces de las quebradas y acaban con todo, no respetan la naturaleza. Donde solíamos pescar para alimentarnos ya no podemos hacerlo, porque está tapado con lo que se llama relave (residuos tóxicos) y contaminado con mercurio. Lo más grave es que el gobierno no hace nada para detenerlos”.
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SARRAPIA, LA EMPRESA QUE NUNCA FUE
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principios de abril de 2017, todavía se podían ver los 12 huecos donde enclavarían las bases de la planta de cianuración, así como andamios y montones de bloques, arena y cabillas regados en un terreno de aproximadamente dos hectáreas.

Inversora Sarrapia, Técnicas y Procesos, C.A. elaboró el proyecto, y junto con Corporación Faoz y Supracal, configura el patrón de empresa de fachada que se ha utilizado para extender la minería a gran escala en el estado Bolívar.

La compañia, que lleva el nombre del árbol que figura como emblema en el escudo del estado Bolívar, no existía cuando se decretó la creación del Arco Minero del Orinoco, en febrero de 2016. Fue inscrita en el Registro Mercantil Primero del estado Bolívar el 5 de octubre de 2016. Es decir, cuando comenzó a construir la planta de cianuración apenas tenía un mes de haberse creado. Ni siquiera tenía oficinas, pues según el acta constitutiva de la empresa su domicilio estaría en la fallida construcción.

La empresa se fundó con un capital social de Bs. 20.000.000, divididos en 20.000 acciones, cada una de 1.000 bolívares, las cuales fueron suscritas y pagadas como sigue: el presidente de la empresa Gerardo José Quiroz Valbuena, 8.000; el director principal Renny Ildemar Fernández Zapata, 6.200; y el gerente de operaciones Ramón Isidro Hennig Solano, 5.800.

El proyecto no incluye estudios de impacto ambiental ni sociocultural. Sin embargo, Inversora Sarrapia se atrevió a garantizar la preservación del ambiente. En apenas una de las 91 páginas que integran el documento la empresa resume su justificación del uso del cianuro, “exclusivamente como agente lixiviador del oro”, es decir como un disolvente. Agrega que se utilizarán “estrictos sistemas de riesgo”, sin precisar suficientemente en qué consisten. Como actividades de recuperación, propusieron la construcción de lagunas para la cría de peces, huertos y una planta de electricidad a partir del reciclaje de desechos orgánicos.

Inversora Sarrapia, Técnicas y Procesos no cuenta con un sitio web, donde, por ejemplo, se podría precisar en qué consiste la experiencia de sus fundadores y asesores. Su presidente, Gerardo José Quiroz Valbuena, tiene 46 años de edad y también dirige la empresa Constructora Punto Azul, que tiene una “nómina promedio” de dos empleados. En la relación de obras para las cuales Punto Azul fue contratada por el Estado entre 2003 y 2011 casi todas se refieren a construcción civil y vialidad; ninguna a minería.

El director principal de Inversora Sarrapia, Renny Ildemar Fernández Zapata, tampoco tiene credenciales mineras. Es gerente general de la empresa Importadora de Suministros Y.V, C.A., la cual se dedica principalmente a la comercialización de repuestos automotrices y está inhabilitada para contratar con el Estado.

Estadísticas correspondientes a 2015 e incorporadas al proyecto presentado por la empresa Sarrapia ilustran la dimensión de la actividad minera y, específicamente, la fase de procesamiento del material que se extrae de las minas. En toda la región de Guayana se producen mensualmente 104.475 toneladas de rocas con contenido aurífero que son trituradas por 398 molinos y de las cuales se extraen 78,35 kilogramos de oro.
JUAN BARRETO  
LA EXPLOTACIÓN MINERA SE DESARROLLA ANÁRQUICAMENTE Y CONTAMINA LOS CAUCES DE LOS RÍOS  
El propósito frustrado de la empresa era captar la producción de nueve molinos adyacentes a la planta de cianuración, a donde sería trasladado el material que extraen aproximadamente 400 mineros de la zona. Sarrapia aspiraba a procesar 12.000 toneladas al mes, del cual se extraerían 9 kilogramos de oro, es decir 11,48 % de todo el que se produce en Guayana.

En el proyecto se admite que la construcción y puesta en marcha de la planta de cianuración requería cuantiosas inversiones, aunque en el documento no se indica monto alguno. Apenas se menciona que con “la buena gestión de los accionistas” se obtendrían créditos internacionales para adquirir maquinarias y equipos.

El cianuro ha causado similares controversias que el mercurio. Una de las empresas mineras más grandes del mundo, Barrick Gold, enfrenta procesos judiciales en Argentina por repetidos derrames de cianuro que contaminaron cinco ríos en la provincia de San Juan.

Aunque el emprendimiento de la empresa Sarrapia contó con el apoyo del gobierno, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico no ha ofrecido la más mínima garantía de un uso responsable del cianuro como alternativa al mercurio. Por el contrario, al respaldar a una empresa como Sarrapia, sin suficiente experticia ecológica, el Estado es corresponsable de los eventuales daños a ecosistemas de interés mundial. El Arco Minero del Orinoco es parte de la Amazonia, el bosque húmedo tropical más grande del planeta, con una extensión de 7,8 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales aproximadamente 40% corresponden a territorios indígenas y áreas naturales protegidas.
POR EDGAR LÓPEZ

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