E
l gobierno venezolano ha favorecido más a las empresas privadas involucradas en el Arco Minero del Orinoco que a las
16 etnias que reclaman la propiedad de esas tierras. Mientras los indígenas esperan por la reivindicación de sus derechos desde 1999, cuando fue promulgada la Constitución vigente, en menos de un año se crearon y se autorizaron las operaciones de cuatro empresas mixtas para explorar y explotar minerales, precisamente en los territorios en reclamación.
Una de las afectadas es la
comunidad El Palomo del pueblo Mapoyo. El 23 de enero de 2017, la
Empresa Mixta Minera Ecosocialista Oro Azul, S.A. obtuvo licencia para explorar y explotar coltán en 8.158 hectáreas, que forman parte del total de 261.493 hectáreas que el Estado había reconocido como propiedad de los mapoyos cuatro años antes. Ninguna otra comunidad indígena del estado Bolívar había logrado tanto en la lucha por sus tierras; y ahora, con la instalación de una empresa de minería a gran escala en su hábitat, temen que se debilite la reivindicación obtenida.
En 2014 la Unesco confirió al pueblo Mapoyo la categoría de
Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad y lo incluyó en la Lista de Salvaguarda Urgente. Entre los referentes simbólicos de la etnia que a criterio del organismo internacional amerita protección especial destaca la propiedad sobre sus tierras.
La empresa mixta Oro Azul, al igual que la empresa mixta Parguaza, está autorizada para explorar y explotar minas y yacimientos de coltán, casiterita, ilmenita, estaño, circones, diamantes y oro, al menos durante los próximos 20 años. Está integrada por la empresa estatal Corporación Venezolana de Minería y la empresa privada
Supracal, C.A.
En Oro Azul se repite la inexperiencia de la parte privada de las empresas mixtas creadas para explorar y explotar el Arco Minero del Orinoco, como se verificó en el caso de Corporación Faoz. Supracal no tiene experiencia alguna en la exploración y explotación de ninguno de estos minerales.
En su sitio web, Supracal C.A. indica que tiene 40 años de experiencia en la fabricación y distribución de cal. Aseguran que se fundó en 1977 como una pequeña fábrica que producía 500 sacos de cal al día, y que actualmente cuenta con una capacidad instalada para producir 4.000 toneladas mensuales de cal viva y 2.000 toneladas de cal hidratada.
La empresa dice ser propietaria de una cantera de piedras caliza y dolomita, ubicada a 700 metros de la fábrica donde laboran aproximadamente 75 trabajadores, en la localidad Yaritagua del estado Yaracuy.
En el Registro Nacional de Contratistas, Supracal aparece presidida por Ligia Guédez. Las acciones de la compañía, fundada el 8 de septiembre de 1977, se dividen a partes iguales entre dos empresas: Financiadora Raj C.A. e Inversora Yaci, C.A. Tiene su sede en Barquisimeto y un capital social de 2.400.000 bolívares. Solo puede hacer contrataciones con el Estado hasta por 5.000 unidades tributarias, es decir 1.500.000 bolívares, monto que no alcanza ni para costear el diseño del campamento que pretenden instalar en el sector Villacoa del municipio Cedeño, con características de búnker: 12 trailers de 12 metros que podrían servir como oficinas y dormitorios, dos garitas de seguridad blindada, un sistema de postes con luminarias al cual se adosa un mecanismo de detección de intrusos, cámaras de circuito cerrado de televisión y, por si fuera poco, el sobrevuelo de un dron.